Modelo de denuncia penal perú
Caso de la cocaína en Kochi: Shine Tom Chacko y otros a
En Inglaterra y Gales, así como en otras jurisdicciones de common law, la provocación como eximente de asesinato ha suscitado controversia durante mucho tiempo. Por un lado, la defensa se acomodaba fácilmente a los contextos en los que hombres celosos y controladores mataban a mujeres que les abandonaban o que habían cometido infidelidad. Por otro lado, la defensa en gran medida no tuvo en cuenta las experiencias desesperadas de las mujeres que mataban a un hombre que las maltrataba desde hacía mucho tiempo. En 2010, la eximente de provocación fue sustituida por una nueva eximente parcial de pérdida de control, con el objetivo de garantizar que las pruebas de infidelidad sexual no sirvieran de base para reducir la culpabilidad o la pena por asesinato.
"Me asignaron la defensa de Y, una mujer de 40 años, a principios de este año. Fue detenida después de que su pareja X -que era un hombre de 45 años, bien entrenado y con el doble de su peso- llamara a la policía para denunciar que ella le había causado una herida en la espalda con un cuchillo. Antes de su primera comparecencia ante el tribunal, cuando mantuvimos nuestra primera entrevista, me dijo que le había causado esa herida en defensa propia, tras un nuevo ataque de su pareja borracha. Mencionó haber acudido al menos tres veces en los últimos años a la misma comisaría para denunciar violencia de género pero, a pesar de ello, nunca había recibido protección por parte del Estado. La noche anterior, tras una discusión porque él quería mantener relaciones sexuales al llegar borracho a casa y ella se negaba, la había amenazado con ir a buscar unas cuerdas para atarla y obligarla a hacerlo. Ella me dijo -y luego declaró ante el juez- que se había sentido asustada, por lo que su única reacción para evitar que él lo hiciera, fue coger un pequeño cuchillo de la cocina y apuñalarle.
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LIMA, Perú - Para las sobrevivientes de la violencia de género en la región peruana de Ayacucho, presentar una denuncia policial solía ser una experiencia desalentadora. Además de lidiar con el trauma en sí, las mujeres -muchas de las cuales viven en la pobreza y proceden de zonas rurales y urbanas marginales- tenían que visitar varias oficinas para completar el papeleo y esperar meses, o incluso años, a que un juez ordenara protección policial.
La maraña administrativa limitaba seriamente el número de mujeres que solicitaban asistencia policial. Solo el 37% de las supervivientes llamaron a la policía para denunciar abusos, mientras que el 54% prefirieron pedir ayuda a familiares o amigos, según una encuesta de 2018. Son cifras significativas en una región donde la misma encuesta reveló que 1 de cada 3 mujeres había sufrido violencia por parte de su pareja.
"La violencia de género [aquí] es un problema estructural arraigado en la sociedad", dijo Richard Sarmiento Quinta, exfuncionario de la Municipalidad de Huamanga. "Nos dimos cuenta de que la única forma de responder realmente a este problema era mediante un enfoque integral [que evite] revictimizar a la víctima".
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Según, las leyes peruanas el consumo o posesión de sustancias controladas para uso personal no es punible, se estima que el 60 por ciento de las detenciones por cargos de drogas están relacionadas con el consumo o la simple posesión. Además, las penas por delitos relacionados con drogas son relativamente altas y desproporcionadas, y vulneran derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y otras garantías judiciales. La pena por venta de drogas a pequeña escala es de entre uno y ocho años de prisión, según el Código Penal.
ProgramasDrogas y DemocraciaEn Perú, el uso tradicional de la hoja de coca es una práctica ancestral que nunca ha sido penalizada. En el país existe un esquema de licencias bajo control estatal, conocido como registro, para el cultivo de la hoja de coca y su distribución a través de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO).
Sin embargo, aunque en las leyes peruanas el consumo o posesión de sustancias controladas para uso personal no está penado, se estima que el 60 por ciento de las detenciones por cargos de drogas están relacionadas con el consumo o la simple posesión. Además, las penas por delitos relacionados con drogas son relativamente altas y desproporcionadas, y vulneran derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y otras garantías judiciales. La pena por venta de drogas a pequeña escala oscila entre uno y ocho años de prisión, según el Código Penal.
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El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue detenido, juzgado y condenado por una serie de delitos relacionados con la corrupción y los abusos contra los derechos humanos ocurridos durante su gobierno. Fujimori fue presidente de 1990 a 2000. Su presidencia terminó cuando huyó del país en medio de un escándalo de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
El veredicto, emitido por un panel de tres jueces, marcó la primera vez que un jefe de Estado electo ha sido extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones de los derechos humanos. En concreto, Fujimori fue declarado culpable de asesinato, lesiones corporales y dos casos de secuestro[7][8][9][10][11]. En julio de 2009, Fujimori fue condenado a siete años y medio de prisión por malversación de fondos tras admitir haber entregado 15 millones de dólares del erario peruano a su jefe del servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos[12]. [Dos meses más tarde se declaró culpable de soborno en un cuarto juicio y fue condenado a otros seis años[13]. Según la legislación peruana, todas las condenas deben cumplirse simultáneamente, con una duración máxima de 25 años.